Esta confesión, de un gran banquero de este país, es bastante descriptiva del sistema fiscal español. Esto puede inducir al desánimo, sobre todo en estos tiempos dominados a partes iguales por la crisis económica y la corrupción.
¿No se puede hacer nada, y hay que aceptar que los ricos nunca van a pagar impuestos, lo mismo que se aceptan los terremotos o las lluvias frías? Por supuesto que no, claro que es posible avanzar hacia un reparto más justo de la carga. Pero hacerlo supone una coordinación de esfuerzos que va más allá del marco espacial de un solo país.
En la línea de la iniciativa que acaba de presentar la OCDE para luchar contra la cuasi nula carga fiscal de que disfrutan las multinacionales en el mundo globalizado de hoy día, la armonización e integración de los sistemas fiscales europeos, el impulso a la transparencia en las haciendas públicas y la ofensiva contra los paraísos fiscales y el secreto bancario son sin duda pasos que pueden hacernos avanzar hacia un marco fiscal donde realmente quien más tiene sea quien más paga.
Pero al final, por mucho que se haga, siempre será insuficiente. Las élites del país seguirán teniendo una asombrosa capacidad para amoldar las estructuras fiscales en su propio beneficio. Y esto no es una novedad que nos haya traído la democracia ni el sistema capitalista. Es un rasgo característico del hombre en sociedad.
Como ejemplo, les ofrezco los distintos e infructuosos intentos que a lo largo del siglo XVIII varios burócratas llevaron a cabo para reformar el sistema impositivo de la corona española.
El primer intento serio de reforma tuvo lugar a partir de 1726 con José Patiño. Nacido en el Milán español, de familia gallega, este producto de la élite burocrática española ocupó el cargo de secretario de Estado en la corte de Felipe V, uno de los borbones más desafortunados (en todos los sentidos).
Patiño no era un radical revolucionario, ni siquiera un reformador. Era un funcionario conservador y pragmático, que poseía un gran talento como administrador y mucha experiencia.Su idea básica era sencilla: la recuperación del poder español en Europa mediante la revitalización del imperio colonial y la reforma del sistema fiscal, que proporcionara mayores ingresos a la corona (otro día hablamos de Patiño y Cataluña).
Hay que pensar que la carga de los impuestos recaía únicamente sobre las espaldas de los campesinos y jornaleros (el 65% de la población) y las clases populares de las ciudades, pues la aristocracia y el clero estaban exentos del pago de impuestos.
Pues bien, ante los tímidos intentos de reforma, se desató una intensa campaña preventiva de propaganda contra Patiño, ante el temor de que se pudieran erosionar los privilegios de las élites. El punto álgido se vivió en 1735 con la aparición del periódico de noticias El Duende Político, en cuyas páginas se vertieron durante todo el año siguiente toda clase de infundios e insidias contra él, en un intento deliberado de manipular a la opinión pública contra el ministro principal del rey. ¿Les suenan este tipo de maniobras?
El Duende Político se clausuró tan solo unos meses antes de que Patiño, enfermo y seriamente debilitado física y psicológicamente por los ataques recibidos, falleciera en noviembre de 1736. En 1739, España se declaraba una vez más en suspensión de pagos.
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Pero quizá el intento más serio y elaborado de articular una nueva estructura fiscal en la España del XVIII lo protagonizó Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada.
De familia de hidalgos humildes de Alesanco (La Rioja), Ensenada supo escalar en la carrera administrativa gracias a su talento, y se convirtió en el hombre más poderoso del país a partir de 1743. Se dieron una serie de circunstancias que promovieron los vientos del cambio: un monarca (Fernando VI) débil y sumiso, un gestor brillante y con gran capacidad de liderazgo, un periodo de paz internacional, y una franca recuperación de la capacidad económica y la prosperidad del reino.
Ensenada embarcó al país en el primer programa de modernización de la España borbónica. En particular, le dedicó especial atención a subsanar la situación del tesoro real. En sus propias palabras: "Los impuestos parecen haber sido inventados por los enemigos de la felicidad de esta monarquía, pues contribuyendo, a proporción, mucho menos el rico que el pobre, éste se halla en la última miseria, y destruidas nuestras fábricas".
Existía una serie de impuestos al consumo, como los millones o la alcabala, que eran causa fundamental del empobrecimiento, despoblación y decadencia de las manufacturas de Castilla. Ensenada propuso su abolición y su sustitución por un impuesto único, el catastro, que se graduaría según la capacidad económica, y que se recaudaría sin atender a gracias ni favores o exclusiones. Su tenacidad hizo posible que el Rey promulgara una cédula en 1749 decretando todos estos cambios.
Como paso previo, se estableció la compilación de un censo de personas, propiedades e ingresos de todos (TODOS) los ciudadanos, con independencia de su clase o condición social. Es el conocido como catastro de Ensenada. Su realización, sin embargo, se demoró más de lo deseable, y no estuvo completo hasta 1754. Para cuando estuvo listo, ya no fue posible ponerlo en práctica.
En esos años, los grupos de intereses y los sectores privilegiados de la sociedad habían desatado ante el monarca una intensísima campaña de desprestigio de la medida, de forma que el proyecto primero se pospuso, y después se abandonó. Gravar los ingresos en lugar de los productos básicos de consumo, y actuar contra los privilegios y las exenciones, suponía desafiar algunos de los supuestos básicos de la sociedad española.
Eventualmente, Ensenada caería víctima de una conspiración ejecutada por elementos tradicionalistas de la corte madrileña, y auspiciada por el embajador inglés en Madrid, Benjamin Keene, en un escandaloso ejercicio de desestabilización protagonizado por un interés extranjero. Inglaterría veía con preocupación la revitalización de la economía bajo Ensenada, que le permitía dedicar recursos con que financiar su programa de construcción naval, que podía hacer peligrar la supremacía británica en el Atlántico. Su caída fue vista con alivio en Westminster.
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Otra víctima de la resistencia al cambio fue Leopoldo di Gregorio, Marqués de Esquilache, que intentó poner en marcha las ideas de redistribución de la tierra de Campomanes, para favorecer el incremento del nivel de vida de los jornaleros, mejorar su renta y así estimular el consumo y la industria nacionales, y se vio arrastrado por la ola de descontento popular generada por las malas cosechas y el hambre, que fueron hábilmente canalizadas por las clases privilegiadas como elemento incendiario del populacho contra el ministro de Carlos III, todo lo cual desembocó en el famoso motín de 1766, una especie de 15-M violento y dirigido por estamentos contrarios a la Ilustración contra las ideas reformistas que inspiraron la primera parte del reinado de Carlos III.
El contraste entre las reacciones en España y Francia al combate Ilustración/Tradición es abismal. En un país, la canalización de las protestas populares por los tradicionalistas permitió al régimen reafirmar e incluso endurecer el absolutismo monárquico. En el otro, las revueltas populares y el descontento ciudadano desembocaron en un pequeño evento sin apenas importancia: la Revolución Francesa.
En España, la modernización del sistema impositivo y la puesta en práctica de todas esas ideas reformadoras tuvo que esperar para florecer hasta las Cortes de Cádiz, si bien su permanencia fue, por desgracia, más bien efímera.
* Información recopilada a partir de la imprescindible obra "La España del siglo XVIII", de John Lynch.
