Lobby

Estos días, que se debate en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados la fase de enmiendas a la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, diversas organizaciones que agrupan a entidades que realizan actividades de lobby, están haciendo eso mismo, lobby, ante sus señorías los diputados, para que se introduzca en dicha legislación una regulación sobre la actividad de los lobbies en nuestro país.

Así, el pasado día 12 compareció ante la propia Comisión de la cámara de diputados María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), y en su intervención abogó por la inclusión de una regulación en la ley de Transparencia como la mejor manera de luchar contra la corrupción y, al tiempo, dar seguridad a los políticos que mantienen contactos con estos colectivos.

En la misma línea, el día 14 se publicó en El País un artículo de Joan Navarro, Jordi Sevilla, Javier Cremades, Emilio Ontiveros y Carlos Solchaga, todos ellos integrantes del Foro por al Transparencia, y en el que defienden similares objetivos.

Y sin embargo, la gran mayoría de ciudadanos apenas ha oído hablar de este asunto, que una vez más vuelve a quedarse fuera del radar de la opinión pública, que solo parece tener ojos para Bárcenas y la declaración de la renta de Rubalcaba. Lo cual encaja a la perfección con la forma en que nuestra sociedad afronta la cuestión de los lobbies, con una mezcla de cinismo e hipocresía.

Nos ponemos una venda sobre la actividad de los lobbies porque nos parece que todo lo relacionado con ese mundo es turbio, o tiene mucho que ver con el tráfico de influencias, y por ello preferimos mirar para otro lado, o llamar con otro nombre lo que en otros países se define lisa y llanamente como lo que es: lobby.

No hay más que asomarse a las páginas de los periódicos, cualquier día del año, y comprobar que el lobby es una práctica extendida y habitual por parte de todas las empresas de este país. Echemos un vistazo a los de hoy: Ángel Acebes ganó casi 27.000 euros al mes como consejero de Iberdrola. El bufete Cremades ficha a José Bono para asuntos regulatorios.

Sucede por tanto que el lobby se realiza en España de una forma continuada e intensa, y sin embargo, la gran mayoría de la sociedad no es consciente de que esto es así, ni tiene mecanismos para controlar esas prácticas; a mayor abundamiento, como no existe en nuestro país ninguna regulación sobre los lobbies, es imposible para los ciudadanos dilucidar cuáles actividades son honestas y legitimas y cuáles no lo son.

Este tema me interesa tanto que he dedicado el último año a escribir un libro sobre él. Me lo publica Destino el mes que viene, y en él defiendo que la actividad de los lobbies no solo es legítima sino muy necesaria para configurar una sociedad civil participativa en las tareas que nos afectan a todos.

Pero también, que después de casi 40 años de democracia es imprescindible abordar de una vez por todas una regulación de los lobbies, que destierre para siempre las zonas de sombra donde algunos han aprendido a moverse, y que permita aportar al proceso de toma de decisiones un gran caudal de transparencia que, con suerte, contribuya a restituir la imagen de una actividad que a día de hoy sigue siendo absolutamente imprescindible: la Política, con mayúsculas.



La mejor garantía para contar con unos políticos competentes y honestos pasa por disponer de unos ciudadanos bien informados, interesados en comprender el proceso de toma de decisiones, y dispuestos a luchar en defensa de sus intereses.

Estos días se está viviendo en Bruselas una gran batalla política en torno a la directiva sobre protección de datos que está preparando la comisaria Reading. Algunos de las principales organizaciones de Lobby están utilizando todo su arsenal de presión, según algunos, de manera excesiva, para tratar de suavizar el contenido de la legislación en su propio beneficio.

Esto ha sido denunciado por una organización alemana de nuevo cuño, Lobbyplag, que se dedica a rastrear todas las propuestas de grandes corporaciones interesadas en el asunto (Amazon, Ebay, la Cámara Americana de Comercio) que han sido copiadas y pegadas textualmente por europarlamentarios, como enmiendas a la directiva.

Pues bien, este asunto, salvo contadas excepciones, está igualmente pasando desapercibido en la prensa española. El 70% de la legislación que se aprueba en el Congreso de los Diputados es una transposición de lo decidido previamente en la UE, y sin embargo a nuestros medios no parece importarle gran cosa. Es un síntoma de nuestra sociedad, y es también un ejemplo de todo lo que nos resta aún por avanzar en materia de transparencia.

¿Se imaginan el juego que daría un Lobbyplag español, con las enmiendas presentadas por diputados y senadores por encargo de empresas y otros grupos de presión? A veces incluso no solo por encargo, sino redactadas de puño y letra por ellos mismos, hasta el punto de llevar la enmienda el logo de la compañía...

Yo, por mucho que escandalice a algunos, he llegado a la conclusión que esas prácticas no son necesariamente malas, pues esas empresas tienen todo el derecho para defender sus propios intereses, siempre que lo hagan de forma que no infrinja la ley. Lo que es malo es la opacidad y la falta de herramientas con que los ciudadanos cuentan para informarse sobre esas prácticas que, créanme, suceden a diario en el Parlamento y en los ministerios del gobierno español.