Les doy algunos datos sobre una ciudad concreta de un país determinado, y a ver si son capaces de adivinar cuál es:
Población: 680.000 habitantes (1.800.000 en 1950)
Tasa de paro: 18,3% (llegó al 23,1% en 2010)
Renta per cápita: 15.261 dólares (22.700 dólares de media en España; 31.000 en País Vasco, 16.000 en Extremadura)
Deuda neta: 9.000 millones de dólares (Madrid tiene una deuda de 7.000 millones para cuatro millones de habitantes)
Calificación de las agencias: CCC, según Fitch (España es BBB)
Seguridad ciudadana: más de 15.000 delitos violentos registrados en 2012, cinco veces más que la media de su país. 344 asesinatos, de los cuales solo 39 fueron aclarados. Tiempo medio de espera cuando se llama a la policía de la ciudad por una emergencia: 58 minutos.
Infraestructuras: Un 40% de las farolas de la ciudad están rotas. Cuenta con 78.000 viviendas en estado de abandono, 38.000 de las cuales presentan peligro de derrumbe.
Desde 2008 se han eliminado, por falta de presupuesto para su mantenimiento, 210 de los 317 parques públicos. Este año está previsto que se cierren otros 50.
Y ahora, ¿cuántos han acertado y han dicho Detroit? Cuesta creer que esas cifras pertenezcan a una ciudad de la mayor economía del planeta, pero lo cierto es que esos datos están incluidos en el informe que la propia ciudad acaba de publicar, a cargo del administrador judicial financiero nombrado por el Estado de emergencia para gestionar la urbe, y que propone unas quitas enormes a los bonistas como única alternativa para esquivar la suspensión de pagos de Detroit.
Ninguna de las alternativas es buena, porque como explica el New York Times, castigar a los bonistas puede hundir el mercado de deuda municipal del país (muni market bonds) pero no hacerlo supone que todo el coste de la quiebra lo asuman las espaldas de los sufridos pensionistas de Detroit.
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