¿Cómo se mide el éxito del lobby?

La respuesta a esta pregunta puede parecer simple. Pero no lo es en absoluto. Cuando una empresa contrata los servicios de public affairs de una agencia, ¿cómo define el éxito de esa campaña de lobby? ¿Si se consigue cambiar las leyes en propio beneficio, se han cumplido los objetivos,  y si  no es así, se ha fracasado y la empresa ha malgastado sus recursos con esa actividad?

Como ven, no es un tema tan sencillo, y a lo largo de los años se han propuesto diferentes metodologías para calcular el retorno de las actividades de lobby para las compañías. Raquel Alexander y Susan Scholz acaban de proponer  en un estudio reciente una nueva métrica para medir esta actividad: el ROI en beneficios fiscales.

Las investigadoras estadounidenses se fijan para su estudio en una ley concreta, la American Jobs Creation Act, aprobada en 2004 durante el mandato de George W. Bush. Esa legislación, fruto de una intensa presión de las grandes multinacionales del país, permitió a éstas anotarse en sus balances una monumental deducción fiscal. Sin esa ley, el tipo efectivo al que hubieran tenido que pagar impuestos hubiera sido del 35%. Con ella, el porcentaje se redujo al 5%.

Pues bien, lo que han hecho Alexander y Scholz es fijarse en lo que se ahorraron en impuestos estas empresas, y compararlo con lo que gastaron en la campaña de lobby. Los números que arroja ese cálculo son asombrosos: por cada dólar invertido en lobby, las compañías obtuvieron 220 en ahorros fiscales. No está mal, ¿verdad? 

Pensemos ahora nosotros en algún ejemplo más próximo. El Gobierno acaba de anunciar que finalmente no pondrá los 3.600 millones de euros comprometidos en la reforma eléctrica, de forma que tendrán que ser las grandes compañías del sector las que asuman en sus cuentas de resultados esa cantidad. Esto ha motivado una intensísima campaña de lobby a todos los niveles por parte de estas empresas, que han conseguido arrancar de Hacienda un compromiso mediante el cual esos 3.600 millones les serán devueltos en el futuro mediante emisiones de deuda avaladas por el Estado. Desconozco la inversión realizada por estas empresas en la defensa de sus intereses, pero difícilmente puede llegar al 1% de esos 3.600 millones que han conseguido salvaguardar con su estrategia de presión.

Ahora bien, no siempre los beneficios son tan evidentes ni las rentabilidades tan asombrosas, ni mucho menos. Y eso no significa que las acciones de lobby sean menos eficaces. Veámoslo con un ejemplo. Si tú eres una empresa de energías renovables, en el momento político y económico actual en España, no es realista pretender que una acción de lobby pueda tumbar la reforma eléctrica y salvaguardar al 100% tus intereses. En el mejor de los casos, si la estrategia está bien diseñada y ejecutada, esa campaña te va a permitir limitar tus daños, y que el perjuicio no sea tan grande para tu cuenta de resultados como lo sería en ausencia de ningún tipo de lobby. Una campaña así puede considerarse un éxito de lobby, y sin embargo, no convertirse en ningún retorno de ahorro fiscal.

Y es que, por encima de métricas concretas, el primer factor que hay que considerar a la hora de analizar el éxito o el fracaso de una acción de lobby tiene que ver con la siguiente pregunta que nos debemos hacer: ¿son realistas los objetivos del cliente? ¿Están sus aspiraciones alineadas con la realidad? Una vez que agencia y cliente trabajan en la misma onda sobre esta cuestión, es mucho más fácil fijar unos criterios de éxito concretos. ¿Hemos sido capaces de cumplir esos objetivos realistas fijados de común acuerdo? ¿A cuántas de las personas  que hemos fijado como target hemos podido ver y explicar nuestra posición? Etc.

Y por supuesto, el lobby es mucho más que la aprobación o el rechazo de una ley por parte del Parlamento, y los beneficios concretos que ello genera a una compañía. Hay empresas, como las de los ejemplos que he puesto, que tienen recursos y capacidad de interlocución al máximo nivel para lograr esos ambiciosos objetivos. Pero eso no significa que los demás no deban defender sus intereses mediante el lobby.

Para muchas organizaciones que no tienen ese capital político, la función más importante de una acción de lobby no consiste en conseguir cambiar una ley en su beneficio, sino en algo aparentemente tan sencillo pero en la práctica tan complejo como conseguir que el Gobierno sepa quién eres, qué defiendes y cuáles son tus argumentos. 

En muchos casos, una acción de lobby no consigue un beneficio a corto plazo, y sin embargo permite a la empresa establecer una relación de confianza con los poderes públicos que,  en el largo plazo, proporciona a la compañía rentabilizar su inversión.

Y es que, en el fondo, la materia prima con la que trabajan los lobbies es la influencia, y ésta pertenece al género de lo intangible. 

"O Freunde, nicht diese Töne"

No entiendo muy bien cuál es la postura del Gobierno español con respecto al referendum anunciado por la Generalitat de Cataluña para el próximo otoño. La legalidad está de su parte, de eso no hay muchas dudas, pues la Constitución no ampara ese tipo de consultas unilaterales sobre la soberanía de un territorio del Estado.

Pero la experiencia histórica demuestra que poner pie en pared ante un desafío de este calado no suele ser la solución más inteligente, pues una cerrazón de Madrid lo único que va a conseguir es ganar más partidarios para la causa independentista en Cataluña.

Hay veces en que la legalidad no es suficiente. La batalla a favor o en contra de la pertenencia de Cataluña en España no debería jugarse en el Tribunal Constitucional, sino en el terreno de las ideas, de los sentimientos, de las personas, de la sociedad.

Y en ese sentido creo que el Gobierno español está haciendo muy poco por diluir el movimiento separatista. Podría fijarse en la estrategia asumida por su colega británico David Cameron, que ha permitido la consulta sobre la independencia de Escocia, encargándose eso sí de que la pregunta fuera exactamente la que él quería y no le fuera impuesta por los nacionalistas escoceses, y en lugar de demonizarles, ha intentado conquistar sus corazones con campañas públicas como la iniciativa Better Together.

En esas condiciones, las perspectivas de que en ese referendum salga el SÍ son realmente muy reducidas, como estiman quienes más saben de estas cosas. El hecho de que el referendum catalán se celebre después del previsible NO escocés es una de las pocas cosas reconfortantes para Mariano Rajoy de lo anunciado estas últimas horas por los partidos nacionalistas catalanes.

Y ya puestos a comparar el caso escocés con el catalán. Me llama la atención también que allí la adhesión a la causa independentista o el mantenimiento de la soberanía británica sean asumidos con toda naturalidad por las figuras públicas del país. En los últimos meses hemos visto a personalidades como Sean Connery o Emma Thomson declararse públicamente a favor y en contra, respectivamente, de ambos movimientos.

Aquí, en cambio, es muy raro ver a catalanes de amplio prestigio salir públicamente reconociendo que apoyan la independencia de Cataluña de España, o al revés, que están en contra de ella. Hemos visto algunos representantes del empresariado, José Manuel Lara o el presidente de Freixenet, probablemente más preocupados por la cartera que por la patria, mostrándose en contra.

Pero no recuerdo ver a ningún catalán de amplio prestigio público en esferas como los medios de comunicación, el entretenimiento, las letras, el deporte, la música (no doy nombres pero todos podemos pensar en unos cuantos) escribiendo públicamente un artículo en el que expliquen detalladamente las razones por las que están a favor o en contra de la causa separatista.  

Ya sé, significarse públicamente es un paso arriesgado, pues conlleva el tomar partido y ganarse el rechazo gratuito y la animadversión de muchos. Pero hay ocasiones, en las que hay tanto en juego, que la defensa de unas creencias debería estar por encima de consideraciones de ese tipo.

La historia nos muestra casos de intelectuales que se han atrevido a decir lo que pensaban, aun a costa de caer en desgracia con muchos de sus simpatizantes. Uno de ellos es Hermann Hesse. El escritor alemán era una celebridad en su país cuando, en medio del fervor de exaltación patriótica y euforia nacionalista alemana en los meses iniciales de la I Guerra Mundial,en 1914, publicó un artículo crítico, titulado "Oh, amigos, no con ese tono" en el que se desmarcaba abiertamente de la escalada retórica belicista de su pueblo, animaba a los intelectuales a no dejarse guiar por la locura nacionalista y el odio rampante, y apostaba por abrazar la construcción común de Europa con Francia.

Automáticamente, la figura de Hesse fue públicamente denigrada, se convirtió en objeto de durísimos ataques por parte de los medios de comunicación alemanes, y muchos de sus antiguos colegas le dieron la espalda. Si situación no mejoró tras el ascenso del nacionalsocialismo al poder en la década de los 30, cuando sus libros fueron prohibidos, y no fue hasta el final de la II Guerra Mundial cuando su país comenzó a otorgarle el reconocimiento que se merecía.

No obstante, en la mente de los alemanes ha quedado asociada a la figura de Hesse esa imagen de provocador, como atestigua la portada de Der Spiegel del año pasado, cuando se conmemoraban los 50 años de su muerte.




Concluyo parafraseando a Hesse: "si odias un país, es porque odias algo en ese país que forma parte de ti mismo. Lo que no forma parte de nosotros mismos no nos molesta".

Puertas giratorias

Acerca de las relaciones de los lobbies con los poderes públicos,  una de las cuestiones que aún no están resueltas de un modo satisfactorio es el desarrollo de una regulación que aborde el aspecto espinoso tema de los movimientos entre el sector público y el privado.

Y no me refiero solo a España, donde estos días ha sido noticia la polémica en torno a la propuesta de los principales bancos del país de nombrar presidente de la AEB, la patronal bancaria, a José María Roldán, hasta ahora director general de regulación del Banco de España.

Es que en EEUU, el país donde más lejos se ha avanzado en la regulación de la actividad del lobby, sigue habiendo polémicas recurrentes sobre el fluido trasiego que se produce entre la administración pública y la empresa privada.

Hoy, sin ir más lejos, el New York Times lleva una pieza sobre el asunto, en la que analiza el peligro que para una democracia sana supone que altos funcionarios encargados de velar por la supervisión de sectores relevantes de la economía del país terminen aceptando salarios de siete cifras en esas mismas compañías que debían monitorizar.

 

El diario neoyorquino menciona diversas medidas que se están considerando para hacer frente a este problema por parte de grupos defensores de los derechos ciudadanos, entre ellas, el incremento de los salarios de los altos funcionarios públicos hasta los 500.000 dólares anuales (frente a los 100.000 actuales) o instaurar la grabación obligatoria en podcasts de todas las reuniones entre responsables de la administración con los lobbies.

Algunos incluso van más allá, como Sheila Bair, la expresidenta de la agencia pública FDIC (Federal Deposit and Insurance Corporation) que ha denunciado, tras abandonar el cargo, las intensístimas presiones de que fue objeto por parte de las entidades financieras para que se incorporara, con puestos muy lucrativos en las filas de estas empresas, como una forma de moldear su predisposición a actuar desde su cargo contra los intereses de estas compañías.

Bair llega tan lejos como para proponer que directamente se prohíba de por vida la incorporación a la empresa privada a aquellos altos funcionarios que hayan detentado puestos ejecutivos en los organismos de supervisión, es decir, que el periodo de incompatibilidad no dure ni seis meses ni dos años, sino para siempre.

¿Quién querría entonces trabajar en la administración, aducen los críticos, si eso te cierra las puertas para volver al sector privado? Si los puestos ejecutivos de la administración están suficientemente remunerados, esa tentación de pasarse al sector privado es menor. Uno de los grandes motivos de la falta de talento de la clase política española es, como explico en mi libro “Que vienen los Lobbies” la pésima política retributiva, que ahuyenta a los mejores trabajadores de la administración.

¿Sí pero, la experiencia de trabajar en el sector privado y conocer los dos lados de la mesa negociadora no puede resultar un activo para un policymaker en su proceso de toma de decisiones públicas, que se perdería si le prohibimos su tránsito al otro lado?

Probablemente, y habría que ponerlo en la balanza respecto de lo que los ciudadanos pierden a consecuencia de la relación endogámica que genera para las empresas el movimiento de puertas giratorias.

Como vemos, es un tema abierto, que no tiene aún respuestas definitivas. Lo que me genera envidia de todo esto es que en EEUU, ya que no respuestas, al menos sí tienen preguntas. En España, donde a día de hoy seguimos sin regulación de ningún tipo sobre la actividad de los lobbies, este es un asunto que permanece bajo el radar de la opinión pública.

Startup nation

Todos los países quieren emular su propio Sillicon Valley, y desarrollar dentro de sus fronteras un distrito tecnológico que cuente con el ambiente propicio y los incentivos adecuados para inspirar el nacimiento y desarrollo de multitud de jóvenes compañías lideradas por veinteañeros, que conviertan al país en una referencia mundial en el terreno de las nuevas tecnologías.

Está la London Tech City, la berlinesa Silicon Allee, las 1000 startups de París, o, aquí en España y a una escala más modesta, la incubadora de startups de Telefónica, Wayra.

Y sin embargo, ¿qué ciudad es la que, en la práctica, se está configurando como la segunda capital mundial del desarrollo tecnológico, cuenta con más de 5.000 startups (más que toda Europa) en una industria que da empleo a 230.000 personas y atrae proyectos de I+D de las principales empresas de todo el mundo? Pues no es ni Berlín ni ninguna de las mencionadas. Le baña las aguas del Mediterráneo, pero, por desgracia, no es Barcelona. Está justo en el otro extremo: Tel Aviv.



Sí, Tel Aviv. La ciudad costera israelí alberga algunas de las grandes historias de éxito empresarial en esta era de internet 2.0 Y la emergencia de un ecosistema de emprendedores dispuestos a poner en marcha múltiples proyectos tecnológicos no está pasando desapercibido para las grandes multinacionales.

Facebook acaba de anunciar la compra de Onavo, una empresa que optimiza la gestión de los smartphones, y de paso, provee a los anunciantes con herramientas de análisis del comportamiento de sus propias aplicaciones. La operación puede alcanzar los 200 millones de dólares, y a través de ella, la empresa de Mark Zucjerberg va a aprovechar para instalar su primera oficina en el país.

Otra empresa israelí muy popular entre los usuarios de su aplicación, Waze, que permite a los conductores guiar su coche por la mejor ruta posible en el tráfico de la ciudad, fue adqurida hace meses por Google por nada menos que mil millones de dólares.

En esa misma ciudad se han creado firmas como Viber, Tracx o GetTaxi y cada día se ponen en marcha infinidad de nuevos proyectos. No sorprende que el sobrenombre de Startup Nation se haya comenzado a adjuntar al hablar de Israel, o que empresas como Microsoft, Google o Samsung hayan decidido instalar allí sus aceleradoras de empresas. Según Microsoft, un 85% de los graduados de sus dos primeros cursos consiguieron financiación para sus startups superior al millón de dólares. Impresionante. O que 700 de estas pequeñas compañías hayan conseguido en los últimos meses financiación de empresas de capital riesgo. ¡700!

¿Y qué hace a Tel aviv y los israelíes tener tanta facilidad para desarrollar proyectos tecnológicos de vanguardia? La respuesta probablemente no sea sencilla. Unas políticas públicas que animen e impulsen este tipo de clima empresarial, más una legislación que no coarte el emprendimiento, sin duda ayudarán. Pero tiene que haber más factores. En este reportaje de la BBC se apuntan a otra serie de razones, relacionadas con el asunto por el que Israel está habitualmente en las noticias...

Quien sabe, lo mismo el entrenamiento militar que reciben los jóvenes israelíes (de tres años de duración) con su preparación para resolver problemas e idear soluciones improvisadas, más la gran cantidad de ingenieros que produce el país (en ingenieros per cápita Israel ocupa el número uno del mundo) conforman el caldo de cultivo adecuado para la creación de una auténtica start up nation...

Eso sí, tampoco parece que en San Francisco, cuna del auténtico Sillicon Valley, sean muy marciales ni que les vaya el rollo militar, pero en fin...

Ley de Transparencia: esperemos que haya segunda parte

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada, con los votos del PP, PNV, CiU y CC, y la oposición del resto de grupos, la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta votación no culmina aún el larguísimo proceso de elaboración de un texto que se comenzó a redactar hace más de 18 meses, pues ahora el proyecto de ley pasa al Senado, donde todavía es posible que se modifique su contenido en el último minuto.

Y esperemos que sea así, pues la Ley de Transparencia se queda lejos de lo que la ciudadanía está demandando en el momento actual. Hace cinco años, este proyecto de ley hubiera sido considerado como revolucionario. Hoy, si tenemos en cuenta la situación de desapego y desafección ciudadana con la clase política y la evolución de las nuevas tecnologías, no es más que un tímido avance.

Puntos a favor

Pero tratemos de ser positivos. La ley va a introducir sin duda novedades que van a suponer una más que necesaria apertura de puertas y ventanas en un edificio público, el de las administraciones, dominado por un olor rancio a naftalina y oscuridad.

Por ejemplo, saludamos como una buena idea la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo de naturaleza independiente que velará por el cumplimiento de los principios recogidos en la ley, y que presentará una memoria anual de su actividad ante el Congreso.

Es de agradecer igualmente que finalmente el texto legar vaya un paso más respecto del borrador inicial, y opte por obligar a las administraciones públicas a publicar los anteproyectos de ley cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes, así como los reglamentos, las memorias y los informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos. En la mayoría de las ocasiones, los ministerios hurtan esos pasos intermedios del proceso legislativo a los ciudadanos, lo cual nos impide conocer los cambios que el proyecto legal va sufriendo conforme recibe las distintas presiones de unos y otros…

Es igualmente un elemento positivo la introducción del Código de Buen Gobierno en la Ley. Es verdad que no se introduce ninguna novedad en dichos preceptos respecto del código que en su día aprobó Jordi Sevilla en el Ministerio de Administraciones Públicas, pero la fuerza legal de su introducción en un texto legislativo constituye un paso adelante, y sin duda puede contribuir a que los altos cargos se lo piensen dos veces antes de incumplirlo. Es pasar de los principios morales a los legales.

Ojo también a las consecuencias de la incorporación al objeto de las obligaciones adicionales de transparencia de las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades públicas sea superior al 50 por 100. ¿Está, por ejemplo, Bankia preparada para cumplir con la transparencia exigida por al ley?

Mucho que mejorar

Pero si la ley es un soplo de aire fresco en muchos sentidos, de la lectura de su articulado uno se queda sobre todo con la frustración del que lee un libro y éste se termina en mitad de la trama. Porque son muchas las cosas que se podrían haber incluido para completar el proyecto.

La primera de todas ellas, la regulación de la actividad de los lobbies, prometida por el presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación. De momento lo único que tenemos es la creación de un grupo de trabajo, del que quien esto escribe forma parte, pero que, transcurridos varios meses desde su creación, tiene aún que celebrar su primera reunión de trabajo. 

Otros aspectos criticables de la Ley son el temor a la falta de independencia efectiva con que nace el mencionado Consejo de Transparencia (los precedentes de la reciente creación de la CNMC o autoridad fiscal independiente no invitan en absoluto al optimismo) o el hecho de que los aspectos concretos que conllevarían la verdadera capacidad transformadora de la ley en términos de transparencia se dejen para su posterior introducción en el desarrollo reglamentario de la ley, lo que introduce sin duda la posibilidad de que el texto legal se quede a la postre en un enunciado vacío de contenido, como tantas veces hemos visto en el pasado.

En resumen, que solo queda esperar (un poco más) y confiar en que la voluntad aperturista sea real y no de cara a la galería, y tras este estreno de la ley española en materia de transparencia, los ciudadanos podamos asistir a una esperada segunda parte, o hasta a una trilogía, ahora tan de moda. Que una reforma tan decisiva para el buen funcionamiento democrático quedara convertida en un maquillaje superficial supondría un mensaje nefasto para la sociedad española en un momento crucial de la evolución de nuestra vida política y como país.  

Diada

Entrando en aguas pantanosas con este post...

Me llama la atención que los organizadores de la Vía Catalana citan, como su principal objetivo de las movilizaciones de hoy, la toma de conciencia internacional sobre su reclamación por la recuperación de la independencia política que Cataluña perdió tras tomar Barcelona las fuerzas borbónicas el 11 de septiembre de 1714.

Y sin embargo, realmente, Cataluña no perdió su independencia política con la victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión. Sí tuvo que renunciar, efectivamente, dentro de las disposiciones del Decreto de Nueva Planta de 1716, a sus instituciones políticas más representativas (Generalitat, Cortes, Consell de Cent), a su autonomía fiscal, y al uso oficial de su lengua.

Porque Cataluña, al igual que Aragón, Valencia y Mallorca, eran territorios que disfrutaban de autonomía dentro de la corona española bajo el reino de los Austrias. Y que, a diferencia del País Vasco y Navarra, perdieron esa autonomía de resultas del conflicto militar que implicó a toda Europa al inicio del siglo XVIII (y que provocó, entre otras cosas, la pérdida de Gibraltar y Menorca a manos de los ingleses).

Pero si Cataluña se gestionaba con cierta autonomía hasta 1700, no era ni mucho menos un territorio independiente de la monarquía española. No formaba una entidad política independiente, y los monarcas de la casa Habsburgo ejercían su soberanía sobre todos los catalanes.

En los últimos 500 años, el único momento en que Cataluña ha constituido en efecto una entidad política independiente de España ha sido en la docena de años transcurrido entre 1640 y 1652. En otra entrada de este blog ya expliqué lo que ocurrió entonces.

De forma que, cuando los promotores de esta movilización en Cataluña aducen que apuestan por la independencia y por la recuperación de las libertades públicas de que disfrutaban los catalanes hace 300 años, me envuelve la duda, porque ambas cosas no son exactamente lo mismo.

Si lo que pretenden es conseguir la independencia (lo cual, por otro lado, es perfectamente legítimo) deberían al menos evitar el empleo del concepto "recuperar" para describir algo que nunca existió.

Si lo que pretenden es recuperar lo perdido a raíz de los sucesos de 1714, me parece muy bien, salvo por un pequeño detalle: ya lo han recuperado casi todo. Existe una Generalitat que se gestiona autómamente, unas cortes catalanas que son capaces de legislar las políticas que consideren apropiadas los representantes de la ciudadanía catalana, una ciudadanía que puede desenvolverse en su propia lengua para todos los actos de su vida cotidiana.

¿Qué es la única cosa perdida en 1714 y que los catalanes nunca han recuperado? La autonomía fiscal. ¿Ah, pero entonces, todo este asunto, es una cuestión de dinero? Acabáramos...

DISCLAIMER
Vaya por delante que defiendo un mejor encaje de los catalanes en el conjunto de España, uno en el que los catalanes se puedan sentir a gusto, y creo que es legítimo que aspiren a conseguir un modelo fiscal que sea más justo. La obligación del gobierno español y catalán es dialogar para tratar de obtener un modelo que sea justo tanto para los catalanes como para el conjunto de los españoles, y la mejor manera de resolver las dificultades es por la vía del diálogo. Poner pie en pared y negarse a discutir constituye por parte de Madrid la vía más rápida hacia la consecución de la independencia de Cataluña.

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Una última cuestión: el siglo XVIII marca no solo el final de la autonomía catalana disfrutada con los Austrias, sino también el despegue de la prosperidad comercial catalana. Los Borbones obligaron a los catalanes a contribuir por vez primera con sus impuestos a la hacienda española, pero a cambio les abrieron las puertas a dos mercados decisivos y que hasta entonces tenían vedados: Castilla y América.

Lobby del XVIII

"Las clases medias son las únicas que pagan impuestos y sustentan las estructuras del país. Los más pobres no pagan impuestos al estar exentos, y los más ricos cuentan con asesores que les diseñan estrategias que les evitan pagar lo que les correspondería"

Esta confesión, de un gran banquero de este país, es bastante descriptiva del sistema fiscal español. Esto puede inducir al desánimo, sobre todo en estos tiempos dominados a partes iguales por la crisis económica y la corrupción.

¿No se puede hacer nada, y hay que aceptar que los ricos nunca van a pagar impuestos, lo mismo que se aceptan los terremotos o las lluvias frías? Por supuesto que no, claro que es posible avanzar hacia un reparto más justo de la carga. Pero hacerlo supone una coordinación de esfuerzos que va más allá del marco espacial de un solo país.

En la línea de la iniciativa que acaba de presentar la OCDE para luchar contra la cuasi nula carga fiscal de que disfrutan las multinacionales en el mundo globalizado de hoy día, la armonización e integración de los sistemas fiscales europeos, el impulso a la transparencia en las haciendas públicas y la ofensiva contra los paraísos fiscales y el secreto bancario son sin duda pasos que pueden hacernos avanzar hacia un marco fiscal donde realmente quien más tiene sea quien más paga.

Pero al final, por mucho que se haga, siempre será insuficiente. Las élites del país seguirán teniendo una asombrosa capacidad para amoldar las estructuras fiscales en su propio beneficio. Y esto no es una novedad que nos haya traído la democracia ni el sistema capitalista. Es un rasgo característico del hombre en sociedad.

Como ejemplo, les ofrezco los distintos e infructuosos intentos que a lo largo del siglo XVIII varios burócratas llevaron a cabo para reformar el sistema impositivo de la corona española.

El primer intento serio de reforma tuvo lugar a partir de 1726 con José Patiño. Nacido en el Milán español, de familia gallega, este producto de la élite burocrática española ocupó el cargo de secretario de Estado en la corte de Felipe V, uno de los borbones más desafortunados (en todos los sentidos).



Patiño no era un radical revolucionario, ni siquiera un reformador. Era un funcionario conservador y pragmático, que poseía un gran talento como administrador y mucha experiencia.Su idea básica era sencilla: la recuperación del poder español en Europa mediante la revitalización del imperio colonial y la reforma del sistema fiscal, que proporcionara mayores ingresos a la corona (otro día hablamos de Patiño y Cataluña).

Hay que pensar que la carga de los impuestos recaía únicamente sobre las espaldas de los campesinos y jornaleros (el 65% de la población) y las clases populares de las ciudades, pues la aristocracia y el clero estaban exentos del pago de impuestos.

Pues bien, ante los tímidos intentos de reforma, se desató una intensa campaña preventiva de propaganda contra Patiño, ante el temor de que se pudieran erosionar los privilegios de las élites. El punto álgido se vivió en 1735 con la aparición del periódico de noticias El Duende Político, en cuyas páginas se vertieron durante todo el año siguiente toda clase de infundios e insidias contra él, en un intento deliberado de manipular a la opinión pública contra el ministro principal del rey. ¿Les suenan este tipo de maniobras?



El Duende Político se clausuró tan solo unos meses antes de que Patiño, enfermo y seriamente debilitado física y psicológicamente por los ataques recibidos, falleciera en noviembre de 1736. En 1739, España se declaraba una vez más en suspensión de pagos.

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Pero quizá el intento más serio y elaborado de articular una nueva estructura fiscal en la España del XVIII lo protagonizó Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada.



De familia de hidalgos humildes de Alesanco (La Rioja), Ensenada supo escalar en la carrera administrativa gracias a su talento, y se convirtió en el hombre más poderoso del país a partir de 1743. Se dieron una serie de circunstancias que promovieron los vientos del cambio: un monarca (Fernando VI) débil y sumiso, un gestor brillante y con gran capacidad de liderazgo, un periodo de paz internacional, y una franca recuperación de la capacidad económica y la prosperidad del reino.

Ensenada embarcó al país en el primer programa de modernización de la España borbónica. En particular, le dedicó especial atención a subsanar la situación del tesoro real. En sus propias palabras: "Los impuestos parecen haber sido inventados por los enemigos de la felicidad de esta monarquía, pues contribuyendo, a proporción, mucho menos el rico que el pobre, éste se halla en la última miseria, y destruidas nuestras fábricas".

Existía una serie de impuestos al consumo, como los millones o la alcabala, que eran causa fundamental del empobrecimiento, despoblación y decadencia de las manufacturas de Castilla. Ensenada propuso su abolición y su sustitución por un impuesto único, el catastro, que se graduaría según la capacidad económica, y que se recaudaría sin atender a gracias ni favores o exclusiones. Su tenacidad hizo posible que el Rey promulgara una cédula en 1749 decretando todos estos cambios.

Como paso previo, se estableció la compilación de un censo de personas, propiedades e ingresos de todos (TODOS) los ciudadanos, con independencia de su clase o condición social. Es el conocido como catastro de Ensenada. Su realización, sin embargo, se demoró más de lo deseable, y no estuvo completo hasta 1754. Para cuando estuvo listo, ya no fue posible ponerlo en práctica.

En esos años, los grupos de intereses y los sectores privilegiados de la sociedad habían desatado ante el monarca una intensísima campaña de desprestigio de la medida, de forma que el proyecto primero se pospuso, y después se abandonó. Gravar los ingresos en lugar de los productos básicos de consumo, y actuar contra los privilegios y las exenciones, suponía desafiar algunos de los supuestos básicos de la sociedad española.

Eventualmente, Ensenada caería víctima de una conspiración ejecutada por elementos tradicionalistas de la corte madrileña, y auspiciada por el embajador inglés en Madrid, Benjamin Keene, en un escandaloso ejercicio de desestabilización protagonizado por un interés extranjero. Inglaterría veía con preocupación la revitalización de la economía bajo Ensenada, que le permitía dedicar recursos con que financiar su programa de construcción naval, que podía hacer peligrar la supremacía británica en el Atlántico. Su caída fue vista con alivio en Westminster.

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Otra víctima de la resistencia al cambio fue Leopoldo di Gregorio, Marqués de Esquilache, que intentó poner en marcha las ideas de redistribución de la tierra de Campomanes, para favorecer el incremento del nivel de vida de los jornaleros, mejorar su renta y así estimular el consumo y la industria nacionales, y se vio arrastrado por la ola de descontento popular generada por las malas cosechas y el hambre, que fueron hábilmente canalizadas por las clases privilegiadas como elemento incendiario del populacho contra el ministro de Carlos III, todo lo cual desembocó en el famoso motín de 1766, una especie de 15-M violento y dirigido por estamentos contrarios a la Ilustración contra las ideas reformistas que inspiraron la primera parte del reinado de Carlos III.




El contraste entre las reacciones en España y Francia al combate Ilustración/Tradición es abismal. En un país, la canalización de las protestas populares por los tradicionalistas permitió al régimen reafirmar e incluso endurecer el absolutismo monárquico. En el otro, las revueltas populares y el descontento ciudadano desembocaron en un pequeño evento sin apenas importancia: la Revolución Francesa.

En España, la modernización del sistema impositivo y la puesta en práctica de todas esas ideas reformadoras tuvo que esperar para florecer hasta las Cortes de Cádiz, si bien su permanencia fue, por desgracia, más bien efímera.




* Información recopilada a partir de la imprescindible obra "La España del siglo XVIII", de John Lynch.

Lending Club

Como muy bien explica Albert García Pujadas en su recomendable blog, la economía colaborativa no es una moda pasajera; está aquí para quedarse, y tiene potencial para modificar por completo muchas estructuras empresariales que hasta ahora considerábamos permanentes.

Para aquellos no iniciados, la economía colaborativa consiste en el la utilización del Internet 2.0 para el intercambio de productos o servicios directamente entre los propios usuarios, al margen de la intermediación de las empresas. Y se aplica a todas las facetas de nuestra vida, desde el intercambio de habitaciones para pasar las vacaciones, hasta el coche compartido,  pasando por nuevos fenómenos como el crowdfunding o el coworking.

Tiene el potencial de impactar en muchos negocios largamente asentados, pero también de generar nuevas y rentables compañías. Y en este sentido me ha llamado la atención una compañía de EEUU que destaca por su innovadora apuesta en el terreno financiero: Lending Club.

Se trata de una compañía que pone en contacto a ahorradores/inversores con empresas y particulares en busca de financiación, al margen del negocio bancario tradicional. Es lo que se denomina como P2P lending, y ofrece a los prestamistas unos rendimientos superiores a los que ofrece el mercado hoy día, y a los prestamistas, la posibilidad de obtener financiación para mantener con vida su negocio.

Pues bien, resulta que al atractivo de la simple propuesta de negocio de Lending Club, inicialmente pensada para préstamos e inversiones modestas, se han ido sumando estos últimos meses inversores institucionales, como hedge funds, aseguradoras, fondos de inversión, y hasta los propios bancos tradicionales. Tanto es así que el negocio está empezando a crecer de manera exponencial.



No sorprende que alguien como Google haya decidido invertir nada menos que 125 millones de dólares en la compañía, que tiene previsto salir a bolsa el año que viene.

Y en España, ¿qué? ¿Otra vez el Madrid campeón de Europa?