Europa entera aguarda ansiosa por conocer las líneas generales de los presupuestos generales para 2013 que desvela hoy el Gobierno español, junto con un nuevo paquete de reformas estructurales.
Si el equipo económico presenta un ambicioso plan de medidas que refuerce la apuesta de su Gobierno por la consolidación fiscal, al tiempo que sienta las bases para una recuperación de la competitividad de la economía española, España habrá dado un gran paso adelante en su intento por ganarse el apoyo y la disposición del resto de países europeos a facilitarle las cosas en su inevitable petición de ayuda financiera, que tiene que producirse en cuestión de semanas, si no antes.
No solo eso, si Rajoy convence a sus socios con un paquete de medidas sustancial y de amplio alcance, que no se quede en un mero anuncio cosmético sin contenido, es muy probable que ni Berlín ni el resto de los socios que nos tienen que prestar el dinero tengan ni argumentos de peso ni verdadero interés en imponer medidas adicionales cuando se firme el nuevo MoU en las próximas semanas, lo cual serviría al presidente del Gobierno como un auténtico revulsivo, pues le permitiría evitar el doloroso trance político de tener que negociar nuevas concesiones de Bruselas en el momento del rescate.
Por el contrario, si Rajoy falla y presenta un plan edulcorado sin avances realmente en los objetivos a largo plazo de nuestra economía, que pasan por la consolidación fiscal y la eliminación de barreras al crecimiento económico, entonces las consecuencias para nuestro país y para su gobierno van a ser realmente amargas.
En concreto, una de las medidas que va a servir para calibrar el auténtico éxito de este plan, y para medir si Rajoy está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para reflotar nuestra economía, va a ser sin duda la relacionada con la revalorización (o no) de las pensiones. (Es posible que, como la decisión no se tiene que tomar hasta conocer la inflación de noviembre, este anuncio no se haga hoy, pero tampoco habría que descartarlo, pues en Europa este asunto provoca mucha inquietud).
En las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, cualquier gobierno (del color que sea) a punto de solicitar un rescate externo, con gravísimos problemas a la hora de hacer cuadrar las cuentas públicas, e intensamente presionado por sus socios a que tome medidas para atajar esas dificultades, no dudaría ni un segundo en decidir que, si se ha rebajado el sueldo a los empleados públicos, si todos los trabajadores han visto recortada su renta y subidos sus impuestos, es razonable que los pensionistas también contribuyan en ese esfuerzo compartido y les sean congeladas las pensiones durante un año. Si no se quiere dañar a las personas mayores con ingresos muy reducidos, manténgase la revalorización de las pensiones mínimas, y congélese las demás, y de esta manera, el Gobierno se ahorraría más de 4.000 millones de euros de una tacada (el coste de cada punto de desviación del IPC es de unos 2.000 millones, lo que significa que una inflación en torno al 3% en noviembre con respecto a lo incluido en los presupuestos de este año implicaría esa cantidad extra para las arcas del Estado).
Eso sería lo racional y lo que marca la ortodoxia económica. El problema es que esta no es una cuestión económica, sino política. Sucede que esa medida, exactamente la misma, con revalorización de las pensiones mínima y congelación del resto, es la que tomó José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, y contra la que el PP levantó una auténtica cruzada.
Mariano Rajoy ha tenido que incumplir en estos 9 meses muchas de sus promesas electorales. Los que le defienden dirán que ello se ha debido a la herencia del gobierno anterior. Otros podrán añadir que el problema no ha sido lo que ha hecho en el Gobierno, sino lo que prometió antes de llegar a él. Pero el caso es que congelar las pensiones de los jubilados significaría probablemente para el político gallego cruzar un Rubicón en su presidencia. Es muy posible que entre su electorado esta medida terminara de hundir su imagen política.
Por otro lado, si Rajoy decide hacer oídos sordos a las presiones de Economía y se deja llevar por sus consejeros políticos y revaloriza las pensiones, estará lanzando en toda las capitales europeas, cuyos líderes tienen que convencer a sus parlamentos que nos presten dinero, el mensaje de que, al igual que ocurrió en enero con los presupuestos y las elecciones andaluzas, el Gobierno de España sigue más pendiente de obtener rentabilidades políticas a sus decisiones que de realmente arreglar los problemas del país. Y ese mensaje podría tener consecuencias catastróficas para todos nosotros.
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