Lobby

IESE y Llorente & Cuenca celebran estos días unas muy interesantes jornadas sobre "la gestión de la influencia", forma amable de definir al lobby, que por estas latitudes se sigue encubriendo mediante ese u otros términos menos sospechosos como "public affairs" o "relaciones institucionales".
El caso es que el tema me interesa mucho pues llevo tiempo trabajando en un proyecto sobre esta materia (que espero que vea la luz pronto). La jornada de ayer martes mereció la pena completamente, con la presencia de asistentes destacados como Wright H. Andrews, presidente de la Liga Americana de Lobistas (los anglosajones tienen menos problemas en llamar a las cosas por su nombre), y la de hoy supongo que será igualmente interesante, con la presencia del ex ministro Jordi Sevilla.  

De la jornada de ayer me quedo con unas palabras del europarlamentario italiano Carlo Casini, portavoz del Registro de Lobistas del Parlamento. A la muy pertinente pregunta de por qué en algunos países latinos como España e Italia existe una visión tan negativa y recelosa entre la sociedad hacia la labor de los lobbies ante los gobiernos, el político italiano proporcionó dos razones fundamentales:
-El miedo o la sospecha de prácticas de corrupción. Es decir, que los representantes de los lobbies puedan extraer de los distintos poderes públicos un resultado positivo a sus intereses a través de prácticas ilícitas.
-El lobista intenta persuadir a los políticos, es un persuasor, pero esa persuasión se lleva a cabo de forma oculta, casi clandestina, sin que la sociedad se dé cuenta de que sucede.

La cuestión es que, al mismo tiempo que presenta muchos recelos entre la ciudadanía, el lobby cumple una función social muy útil, ya que es el principal mecanismo de defensa de los intereses de empresas, organizaciones y todo tipo de asociaciones (entre ellas las ONG) ante el poder establecido. 

¿Cómo solucionamos esta contradicción? Pues apostando por la transparencia en todo lo relacionado con el lobby, y dando por fin una regulación a esta actividad. Pertenecemos también en esto a los PIGS de la opacidad, pues son justo Italia, Grecia, Portugal y nosotros algunos de los pocos países que aún no cuentan con una regulación de la industria del lobby; necesitamos una legislación que ponga luz y taquígrafos a esta actividad, como ocurre en EEUU o en las propias instituciones de la Unión Europea: que el ciudadano pueda acceder a un registro público donde quede consignado cada contacto de lobby que ha realizado cualquier organización en relación con una legislación determinada, con qué miembros del gobierno ha hablado, con qué diputados, qué propuestas o enmiendas ha realizado, cuanto dinero destina a estas actividades cada año, etc.

Es evidente que los lobbies pueden cometer abusos, y de hecho los cometen con relativa frecuencia. Pero es precisamente por ello por lo que debemos acometer su control, no mirar para otro lado como si no existieran. Regular el lobby no va a provocar que haya más; antes el contrario, va a servir para separar el grano de la paja y que el ciudadano pueda aprender la diferencia entre el tráfico de influencias y la legítima defensa de los intereses particulares, al tiempo que podremos conocer mucho mejor cómo hacen lobby las empresas de este país, y mejor aún, cómo se comportan ante ellos nuestros políticos y representantes populares.
Ojalá tuviéramos aquí la transparencia suficiente de que disponen otros para poder fiscalizar la relación entre política y lobby como hacen en otros países organizaciones como OpenSecrets o Spinwatch.

El Gobierno ha dejado pasar una oportunidad de oro para regular esta actividad con ocasión de la Ley de Transparencia, cuyo articulado no menciona ni una sola palabra sobre lobby. La buena noticia es que, si quisieran, aún estarían a tiempo. La ampliación del plazo de presentación de enmiendas al proyecto legal hasta el 2 de octubre da al Ejecutivo la opción de incluir esta cuestión.

Porque en definitiva, si queremos que los ciudadanos mejoren la visión que tienen de la clase política española, si queremos que recuperen la fe en la honestidad de una gran mayoría de sus miembros, que lo podrán hacer mejor o peor, se podrán equivocar una y mil veces, pero que casi todos realmente trabajan por mejorar la vida de los ciudadanos, si no queremos que los ciudadanos se dediquen a invadir el Congreso sino a visitarlo y a entender un poco mejor cómo se toman las decisiones políticas en nuestro país, es el momento de tratarles como personas adultas y no como a niños a los que no se les puede revelar la cruda realidad de la política.