Palestina

Un aspecto menos conocido del conflicto entre Israel y Palestina tiene que ver con la economía. La de Israel tiene un tamaño de 235.000 millones de dólares, mientras que el PIB de Palestina no supera los 10.000 millones de dólares, más o menos del tamaño de La Rioja (aunque La Rioja tiene 300.000 habitantes y Palestina cuatro millones). La renta per cápita israelí es casi 30 veces más alta que la de Palestina.

Los propios palestinos y sus dirigentes tienen bastante culpa de la enorme disparidad entre la prosperidad de unos y otros. Pero algunos observadores se quejan, y no sin razón, que uno de los principales handicaps para el desarrollo de la economía palestina tiene que ver con el Protocolo de París. 

El Protocolo de París se firmó en 1994 como un anexo económico de los Acuerdos de Paz de Oslo, e incluía la creación de una unión aduanera entre ambos estados que consagrara el principio de libre movimiento de personas y bienes entre ambos. La cuestión clave es que dicho Protocolo cedía a Israel el control del comercio externo palestino, así como la recolección de los impuestos sobre ese comercio y de otros impuestos como IVA o carburantes, que después transferiría a la Autoridad Palestina. 

Según cálculos internacionales, los denominados Clearance Revenues que Israel entrega a Palestina representan el 70% de los ingresos regulares del Estado Palestino. El problema es que Israel ha utilizado constantemente el embargo de dichas cantidades como una medida de presión adicional en su conflicto político con Hamás, y ello ha contribuido a terminar de asfixiar económicamente a la población palestina.

A ello, por supuesto, debemos sumarle el destructivo efecto que sobre la economía palestina tiene el incumplimiento de ese libre movimiento de bienes y personas acordado en el Protocolo, ya que los controles policiales y las barreras creadas, no solo limitan enormemente la capacidad productiva palestina, sino que en la práctica aíslan su economía del resto del mundo, ya que Palestina depende de Israel para su acceso a los mercados externos. (No solo eso, Israel prohíbe la exportación de productos palestinos al propio territorio israelí). Todo ello genera una situación claramente injusta y que supone una losa para el desarrollo de la economía palestina. Y no lo digo yo, sino el mismísimo FMI:

"Persistence of restrictions on movement and access and donor aid shortfalls would dampen investor confidence and economic activity, reducing private employment and household income growth. The consequent erosion in living standards and rise in unemployment would reduce public support for reforms and make it more difficult for the PA to reduce spending and raise revenue, leading to a rising budget deficit and further buildup of arrears on wages and other essential payments. This in turn would raise social tensions and heighten political uncertainties, reinforcing the adverse impact on confidence, investment, and growth".

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"The relaxation of restrictions on movement and access remain the key area of enhanced Palestinian-Israeli cooperation which could have an immediate and far-reaching positive economic and fiscal impact and accelerate the PA’s state building process. Fully tapping the West Bank’s economic and budgetary revenue potential and reinvigorating its growth will require a broad-based removal of impediments on exports to Israel, of imports of machinery and equipment, as well as enabling Palestinian economic activity in Area C. In Gaza, a lasting recovery in private sector activity and employment will require a removal of the tight restrictions on exports and private sector imports of investment inputs".

En esas condiciones de asfixia financiera, la economía Palestina ha sobrevivido en los últimos años gracias a la ayuda internacional, que en 2010 representó una cuarta parte del PIB palestino, gracias principalmente a las buenas gestiones realizadas por ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, economista de prestigio con experiencia en el Banco Mundial.

Pero la crisis económica en Occidente se ha dejado sentir en la ayuda externa, y este año no está previsto que supere el 10% del PIB, de forma que las dificultades financieras se han agravado para la Autoridad Palestina, y los empleados públicos llevan sin cobrar desde el pasado mes de agosto. 

El conflicto palestino israelí tiene un carácter eminentemente político y las cuestiones económicas suelen quedar en un segundo plano. Pero una cosa es segura: si no se pone remedio a las dificultades y a la falta de alternativas económicas para la mayoría de la población palestina, ese conflicto político va a ser difícilmente resoluble.