Sin embargo, hace poco conocí a dos españoles que han regresado recientemente después de trabajar varios años en China, y ambos me rebatieron rotundamente esta idea. En su opinión, el trabajador chino es sinónimo de chapuza e incompetente, los servicios en el país funcionan mal y es realmente frustrante embarcarse en cualquier proyecto empresarial en aquel país en el que haya que confiar en la labor profesional de sus ciudadanos.
Quizá, esta diferencia entre una concepción y otra se deba a una combinación de dos factores. Por un lado, China se embarcó, desde 1978 con Den Xiaoping, en el famoso proceso de Reforma y Apertura al exterior, dejando atrás la espantosa herencia de Mao. Este proceso ha consistido básicamente en convertir al país en una máquina exportadora, inundando los mercados mundiales de productos más baratos, y se ha sustentado sobre la enorme capacidad productiva que aporta una población de 1.300 millones de personas.
Pero, por otro lado, esa inmensa economía, la segunda del mundo, y pronto destinada a convertirse en el mayor bloque económico del planeta, ha puesto el énfasis en su capacidad de competir en los mercados mundiales, descuidando mientras tanto su mercado interior. Porque los ciudadanos chinos pertenecen a una potencia económica mundial, pero ellos mismos disfrutan de unos servicios y una realidad económica asimilable a la de un país en desarrollo.
La segunda mayor economía del mundo tiene un sector servicios que representa tan solo el 43% de su PIB, frente al 75% de media en los países occidentales. Sus ciudadanos han visto mejorar su nivel de vida en estos últimos años, pero la renta per capita china sigue sin ser la de un país desarrollado. Esta tabla del Banco Mundial lo expone a las claras: de los 101 países que en 1960 eran considerados de renta media, sólo 13 de ellos han conseguido avanzar en 2008 al nivel de economía avanzada. (España es uno de esos 13, esperemos que no haya un camino de ida y vuelta...) Y entre esos 13 no se encuentra China.
Todo esto nos lleva ante la cuestión fundamental del 18º Congreso del Partido Comunista Chino, donde no solo se renuevan las elites que dirigen el país, sino que éstas deben afrontar un dilema de enormes consecuencias.
Porque el modelo de crecimiento basado únicamente en la apuesta a fondo por el mercado exterior se queda cojo sin un mercado interior que lo respalde. Y además, ese modelo de crecimiento está empezando a mostrar señales de fatiga. Hay un principio económico, el denominado Lewis Turning Point, según el cual llega un punto en el que para un país en desarrollo deja de ser fácil crecer a tasas muy altas solo con transferir improductivos trabajadores rurales hacia empleos más productivos en fábricas y ciudades.Porque llega un momento en que precios y salarios comienzan a repuntar al alza, y el crecimiento comienza a resentirse.
Lo normal sería, por tanto, que el PCCh pusiera el acento en una reforma real de la competitividad interna de la economía china, que permitiera a sus ciudadanos mejorar los servicios que reciben e incrementar su capacidad de consumo. El problema para la elite dirigente china es que esta es un arma de doble filo.
Porque China puede convertirse en una potencia exportadora mundial y seguir siendo una dictadura comunista, ya que los cambios se han producido fundamentalmente de cara al exterior, y no han producido avances tangibles en la vida diaria de la mayoría de chinos. En cambio, no está claro que China pueda convertir su mercado interno en una potencia consumidora mundial y seguir siendo una dictadura comunista.
Los 1.300 millones de chinos que empezaran a acceder a un nivel de vida semejante a los ciudadanos de otros países desarrollados, que accedieran a las herramientas de capital necesarias para fundar empresas como Facebook o Twitter o Apple, ¿estarían dispuestos a seguir siendo gobernados por el Partido Comunista Chino?
Seguir como hasta ahora, y perder el tren del desarrollo, o apostar por el cambio, y perder el poder, esa es la gran disyuntiva a que se enfrenta Xi Jingpin.
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