Política Agrícola Común

Tras largas negociaciones y mucha escenificación, los líderes europeos han conseguido días atrás llegar a un acuerdo sobre los presupuestos comunitarios para los próximos siete años. Las nuevas cuentas recogen las llamadas a la austeridad de Angela Merkel y David Cameron, y suponen un serio tijeretazo en prácticamente todas las partidas de gastos.

Y sin embargo, por muy austeras que sean esas cifras, no hay cambios en lo que respecta a la distribución de las principales líneas presupuestarias, que siguen manteniendo las mismas peculiaridades. La principal de ellas es que, en esencia, las cuentas de la Unión no son lo que los 27 estamos miembros consideran como el gasto y la inversión más idóneos para el conjunto de la UE, sino un compendio de subvenciones y compensaciones a la carta, diseñado para dejar contento a unos y a otros.

Las principales partidas de gasto del presupuesto español se destinan a conceptos como las pensiones o las prestaciones por desempleo. En los demás países podemos observar que este tipo de líneas de gasto ocupan igualmente los primeros puestos. Pues bien, la principal partida de gasto en el presupuesto de la UE está destinada a la Política Agrícola Común (PAC), que representa la nada desdeñable cifra del 40% del total del gasto comunitario. Piensen que el medio agrario aporta el 2% del PIB de la UE, y el 5% de la fuerza laboral.



Y esto no es un fenómeno nuevo, sino que constituye una de las señas de identidad de la Unión. Desde la creación de la Comunidad Económica Europea, la agricultura ha sido siempre la mayor partida de gasto dentro del proyecto de integración europea. Su principal defensor, y también su principal beneficiario, es Francia, el país que más fondos recibe para subvencionar su agricultura (casi 10.000 millones de euros en 2010). Hay quien cree incluso que la PAC forma parte de las reparaciones de guerra acordadas secretamente entre Alemania y Francia.

A lo largo de estas décadas, en el continente han ido declinando y desapareciendo algunas industrias convertidas en poco competitivas por la emergencia nuevos mercados con precios más bajos, como las acereras, la minería de carbón o los astilleros. No es el caso de la agricultura, que se ha mantenido todo este tiempo gracias a las multimillonarias subvenciones recibidas a lo largo de todos estos años.  Europa, por cierto, no está sola en esta defensa de sus agricultores frente a la competencia de los países en desarrollo: un granjero europeo de media recibe solo la mitad de las subvenciones públicas que EEUU concede a sus agricultores.

Es verdad que parte de esa preeminencia agraria en el presupuesto de la UE se explica por el hecho de que es la única industria que se financia por completo a nivel comunitario, es decir, los estados miembros no dedican ningún euro adicional a sus respectivos sectores agrarios en sus propios presupuestos nacionales. Aunque eso no explica asimetrías en la ayuda agraria: en los últimos años se han incorporado a la UE diversos países del centro y este de Europa con industrias agrarias grandes, y en cambio no reciben ni de lejos el mismo tipo de subvenciones que Francia y otros veteranos del club.

Cierto, la PAC también sufre, por los acuerdos de la semana pasada, un duro ajuste del 13% en los presupuestos de los próximos siete años, (y a buen seguro el poderoso lobby agrario en Bruselas, Copa-Cogeca, intentará moderar ese recorte en el trámite europarlamentario) pero François Hollande ha podido definir el resultado del acuerdo como un gran éxito para su país, pues la política agraria sigue siendo, incluso en medio de la peor crisis económica europea en 80 años, la principal partida, y sobre todo, Francia ha conseguido evitar una radical reforma de las cuentas de la Unión que proponían algunos países, como el Reino Unido. El cheque británico negociado por Thatcher en los 80 se explica como una compensación a la subvención del campo francés.

Desde hace dos años está en marcha una propuesta de la Comisión para tratar de reformar algunos de los aspectos más ineficientes de la actual política agraria, empezando por el sistema de subvenciones, que beneficia sobre todo a terratenientes y grandes propietarios, en perjuicio de los pequeños agricultores. Pero dicha reforma va muy lenta y ni mucho menos tiene garantizado que verá la luz algún día.

Este es, soy consciente, un tema poco sexy, a mucha gente cuando ve una noticia sobre el sector agrario le entra una pereza enorme. Y es difícil que en España se analice la cuestión de forma crítica, pues nuestro país es, después de Francia, el segundo principal receptor neto de la PAC, con 7.000 millones en 2010. Pero deberíamos ser conscientes que, ahora que reclamamos a Berlín y a Bruselas un esfuerzo en forma de estímulo que nos ayude a remontar el vuelo, acabamos de sacrificar unas cuantas líneas de inversión pública comunitaria en sectores relevantes de la economía, como el transporte o las telecomunicaciones, a costa de mantener la política agraria.