No es solo que la Unión Europea haya impuesto la mayor multa de su historia (1.470 millones de euros) a siete compañías fabricantes de tubos catódicos para televisores, por prácticas contrarias a la competencia.
Es que la investigación desarrollada por el equipo del Comisario Almunia ha desvelado un modus operandi de estas empresas, en sus relaciones dentro del cartel, que refleja en toda su crudeza una absoluta falta de escrúpulos para engordar sus beneficios a costa del consumidor, y pone en evidencia la necesidad que tenemos de dotarnos de más sólidos mecanismos de defensa de la competencia.
Resulta que estas siete empresas (LG, Philips, Samsung, Panasonic, Toshiba, Technicolor y Chunghwa) habían creado no uno sino dos carteles, uno centrado en la fabricación de tubos catódicos para televisiones, y otro para las pantallas de ordenador. Durante 10 años, desde 1996 y hasta 2006, estas empresas diseñaron un meticuloso protocolo de gestión del cartel. Para poner de acuerdo a todas las empresas implicadas, tenían lugar de forma periódica reuniones de los altos ejecutivos, denominadas green meetings, porque después del encuentro habitualmente se relajaban jugando al golf.
Como los cartels operaban a escala internacional, las reuniones se sucedían por todos los puntos del planeta: Taiwan, Korea, Japón, Amsterdam, Paris, Roma. Las compañías eran plenamente conscientes de que estaban infringiendo la ley, por lo que se urgía a los intervinientes en las reuniones a mantener el secreto sobre lo hablado allí, y a deshacerse de todos los documentos elaborados para cada encuentro.
La operativa estaba tan bien elaborada que nunca hubiera sido posible descubrirla en su totalidad sin la ayuda de un arrepentido, en este caso la empresa china Chunghwa, que, al iniciar la CE investigaciones preliminares sobre posible fijación de precios en el sector, optó por confesar la trama y así eludir la sanción correspondiente. Las dos principales damnificadas son LG y Philips, que tendrán que abonar cada una cerca de 500 millones de euros.
¿Y por qué es esto importante? Porque la fijación de precios y la manipulación del mercado no solo es una forma ilegítima de obtener beneficios mediante el reparto amañado de la tarta, y mediante la elevación de barreras a posibles nuevos entrantes, sino que esos beneficios se hacen a costa de perjudicar a los consumidores, pues ese cartel ha servido para inflar artificialmente los precios (los tubos de rayos catódicos representaban hasta el 70% del precio final del televisor) y para retrasar significativamente la comercialización por parte de estas empresas de los nuevos tipos de televisores más modernos con pantalla plana que finalmente se han hecho un hueco estos últimos años en todo el mundo.
Por desgracia no es un caso aislado. Sucede en muchos sectores de la actividad económica. De hecho, algunas de estas mismas empresas ya han sido también condenadas en EEUU por prácticas parecidas, en este caso relacionadas con las más modernas pantallas LCD. La cuestión es que una multa de 500 millones de euros comparado con los ingentes beneficios obtenidos en el espacio de 10 años es un pequeño precio a pagar por parte de estas empresas.
Por eso las autoridades en defensa de la competencia deben contar con todas las herramientas para hacer su trabajo. Y por eso es un gran error que el Gobierno haya decidido fusionar a la Comisión Nacional de Competencia con el resto de los reguladores sectoriales en un nuevo macroregulador, un modelo que no tiene ningún otro país europeo y que ha despertado muchas críticas por el temor a una pérdida de independencia de este organismo a la hora de perseguir prácticas contrarias a la competencia.
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