Ya conocemos un borrador de la propuesta de la presidencia chipriota para los presupuestos comunitarios de los próximos 7 años, y ésta incluye un recorte de al menos 50.000 millones de euros. La Comisión rápidamente ha criticado esta propuesta por insuficiente, y está previsto que los estados miembros la discutan a partir de mañana en reuniones preparatorias de cara a la cumbre especial de finales de noviembre.
La buena noticia para España es que al menos la propuesta contempla mantener ayudas para las denominadas regiones en transición, es decir aquellas que han perdido el status de regiones más desfavorecidas ( en el caso español, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia) y que no estaba nada claro que fueran a seguir recibiendo fondos comunitarios.
Estamos todos muy pendientes del inminente rescate de la economía española y de la negociación de los presupuestos para el año que viene, y no le estamos prestando casi ninguna atención a otra negociación quizá igual de importante, que está teniendo lugar también en este momento, y también en torno a unos presupuestos, en este caso los de la Unión Europea.
Los jefes de Estado y de Gobierno tienen previsto reunirse en una Cumbre especial el 22 y 23 de noviembre para decidir el marco financiero de la UE 2014-2020, que incluye las aportaciones que cada Estado miembro tendrá que realizar en cada uno de esos ejercicios, y también, los ingresos que recibirá cada año del presupuesto comunitario.
Y esa negociación está deparando tensos enfrentamientos entre algunos países, como el Reino Unido, que se niega a aumentar el presupuesto en un 5% como ha propuesto la Comisión, aduciendo que es contradictorio con las políticas de austeridad que se están practicando en toda Europa. La verdadera razón es que Londres no quiere saber nada de lo que tenga que ver con más compromisos financieros con Bruselas, en medio de una ola euroescéptica que sacude el sector conservador de la sociedad británica.
De esta manera, Londres ha amenazado, si no se escuchan sus reclamaciones, con vetar el presupuesto comunitario de los próximos siete ejercicios, algo que puede lograr, pues su aprobación tiene que hacerse por unanimidad, y así podría quitarse la espina de haberse quedado aislada ante Berlín y París en la aprobación del Fiscal Compact.
Y eso que Gran Bretaña tiene el famoso rebate o compensación, una cláusula que Londres negoció con la UE en 1984, por la que el país se ve compensado, según los propios británicos, por el excesivo peso que Francia recibe en las aportaciones de fondos comunitarios a la agricultura y que ellos no disfrutan, y que supone una reducción en sus aportaciones a la UE en un importe aproximado de las dos terceras partes de su saldo negativo. El importe que Reino Unido deja de ingresar es soportado por el resto de Estados miembros, con la excepción de Alemania, Austria, Suecia y Países Bajos (fueron listos), que asumen sólo la cuarta parte de su cuota.
Una situación de excepcionalidad que no disfruta ningún otro país, lo cual, lógicamente, despierta suspicacias. Así, Dinamarca también ha amenazado igualmente con vetar el acuerdo si no obtiene una compensación similar a la británica. Es decir, todo muy constructivo.
El caso es que el presupuesto comunitario, a pesar de ese incremento propuesto, sigue siendo una mota de polvo comparado con los presupuestos de los países miembros, y claramente imposibilita a la UE para ejercer un papel de mayor calado dentro del proceso de resolución de la crisis actual. Los 129.100 millones de euros de presupuesto de la UE en 2012 equivalen al 1% del PIB comunitario (frente al 44% del PIB que de media supone el presupuesto de los 27 países de la UE). No solo eso, en los últimos 10 años el presupuesto de la UE ha aumentado un 41%, menos que el de 24 de los 27 países miembros (menos Suecia, Austria y Alemania, tan austeros ellos) El de España en ese periodo ha aumentado en un 108%.
Además, desde 2010, el importe total de los recursos propios necesarios para la financiación del Presupuesto de la UE no puede superar el 1,23 por ciento de su PIB. En esas condiciones, se hace difícil siquiera pensar que tenga posibilidades de salir adelante la propuesta de Van Rompuy de aumentar la capacidad fiscal (léase creación de un presupuesto verdaderamente federal a nivel europeo que pudiera asumir competencias de los 27, como un sistema de prestación por desempleo comunitario, y sirviera así de pilar adicional a la unión bancaria dentro del proceso de integración).
¿Y España? Pues lo dicho, aquí estamos a otras cosas más urgentes, pero no deberíamos olvidarnos de una negociación que va a condicionar los compromisos financieros del país en los próximos siete años. En 2013 la dotación presupuestaria consignada a la UE por el Gobierno en sus recién desvelados PGE asciende a 11.900 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,10 por ciento respecto al importe previsto en el presupuesto de 2012.
En este interesante gráfico interactivo se puede apreciar las contribuciones que realiza cada país a la UE, así como el dinero comunitario que recibe cada uno. España, que recibió 13.599 millones de la UE para sufragar ayudas al campo y fondos de cohesión, y que va a perder previsiblemente buena parte de esos fondos en los próximos años, haría bien en prestar atención a estas negociaciones.
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